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Por Zuleika Cáceres

Ni las diputadas, ni los diputados de la XV Legislatura tuvieron la visión  de la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, quien en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, presentó una Iniciativa de Reforma en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, esa de la que muchas han sido víctimas.

Se trata de una reforma integral a diversas disposiciones constitucionales y leyes secundarias que garantizan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Fue interesante lo que la alcaldesa dijo durante el desayuno organizado por el ayuntamiento de Puerto Morelos, con motivo de la fecha que enmarca no una celebración, sino el reconocimiento de todas aquellas mujeres que en su lucha fueron víctimas de la discriminación, la desigualdad y la violencia.

“Tengo la responsabilidad moral de promover acciones que permitan a más mujeres participar en la política, que se fomente su participación y no la inhiban”, dijo ante más de 500 féminas.

Era entendible que la propuesta viniera de Laura Fernández, recordemos que ella también fue víctima de violencia política precisamente cuando se definían las candidaturas en 2016.

En ese entonces no hizo pública su condición sino hasta ahora que la propuesta está debidamente sustentada para llevarla ante el pleno legislativo.

Con ello se busca  tipificar como delito esta práctica que daña la integridad de las mujeres que saben lo que es enfrentarse a esas conductas deliberadas, amenazantes y cobardes por el simple hecho de involucrarse en un ámbito en el que los hombres se creen dueños absolutos.

Los tiempos van cambiando y es momento de que Q. Roo se sume a los estados que ya cuentan con una legislación que castiga estos actos.

Una vez presentada ante el congreso, la iniciativa quedará en manos de los diputados y se verá entonces su disposición para garantizar a las mujeres su participación en la vida pública, sin que ello represente un riesgo a su persona.

No se trata  solo de fomentar la participación de la mujer como proponen algunos diputados, sino de ver más allá y brindar las garantías necesarias a cada una de ellas.

Lo único lamentable es que las mujeres tengamos que seguir luchando para cuidar nuestra propia integridad como consecuencia de conductas que no debieran existir.

 

Aquí parte de la iniciativa:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El concepto de violencia política se ha construido a partir de la Convención de Belém do Pará, de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Entonces, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones incluida la tolerancia que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así́ como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.
Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política. Es decir, incluye el ámbito público y el privado.
La violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual y puede efectuarse a través de cualquier medio de información (como periódicos, radio y televisión), de las tecnologías de la información y/o en el ciberespacio. Es por ello que las formas en las que debe atenderse variarán dependiendo del caso y, al mismo tiempo, el tipo de responsabilidades —penales, civiles, administrativas, electorales, internacionales— que genera, dependerá́ del acto concreto que haya sido llevado a cabo.
La violencia política puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus integrantes. Además, puede cometerla cualquier persona y/o grupo de personas.
Para ejemplificar, una forma de violencia política, son los registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones. Para evitar que este tipo de acciones altere la paridad de la integración de los órganos, actualmente, titulares y suplentes de una fórmula deben ser del mismo sexo.
Otro ejemplo consiste en registrar a mujeres exclusivamente en distritos perdedores, lo cual ya esta prohibido por las leyes electorales, pese a ello, ha sido materia de impugnación en sede judicial. Por ejemplo, la impugnación al acuerdo del INE sobre el registro de las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por ambos principios. En este caso, la Sala Superior del TEPJF analizó lo establecido en el artículo 3, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, que prohíbe el registro de candidatas exclusivamente en distritos perdedores. En la resolución, se consideró que la metodología empleada por el Consejo General del INE, consistente en determinar tres bloques, de acuerdo a los resultados obtenidos en la elección anterior (votación baja, votación media y votación alta), permite apreciar de forma objetiva la existencia de un sesgo que perjudique a las candidatas.
Otra forma de violencia son las amenazas a las mujeres que han sido electas, como el caso de la alcaldesa de Chanal, Chiapas, cuando, en julio de 2015, se intentó impedir que le entregaran su constancia de mayoría como candidata ganadora.
La inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión. De acuerdo con un estudio realizado por el INE, los spots de radio y televisión transmitidos por los partidos políticos mostraron al doble de candidatos que candidatas durante las campañas electorales del 2015. En total, el 67% de los anuncios no mostraba a algún candidato o candidata en particular, 20% mostraba a un candidato hombre, 8% a candidatas y el 4% a candidatos y candidatas. No dar a las mujeres los mismos espacios que a los hombres, evita que participen en condiciones de igualdad en las campañas. Lo anterior las invisibiliza y contribuye a perpetuar la violencia política en su contra al no permitir que la sociedad asuma como una realidad la capacidad que tienen las mujeres de contender en este tipo de espacios. Inequidad en la distribución de los recursos para las campañas.
Cabe añadir que en un diagnostico realizado por el INE se encontró que durante 2015, los candidatos de los diez partidos políticos con registro nacional recibieron en total 30 millones de pesos más que las candidatas. Mientras las mujeres recibieron alrededor de 502 millones de pesos de los diez partidos políticos que las postularon, los hombres obtuvieron más de 530, es decir, 28 millones más que las candidatas.
Al interior de los partidos políticos, muchas son las practicas de violencia de género hacia las mujeres que aspiran a ocupar un puesto de dirigencia, o bien una candidatura para un cargo de elección popular, y una vez obtenidas estas, la violencia –en distintas modalidades- puede ir en aumento, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de las mujeres y de sus familiares y personas cercanas.
En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral.
El 15 de octubre de 2015, tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, en donde se adoptó la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres”.
En el caso de América latina, hasta el momento, únicamente Bolivia cuenta con una Ley específica en la materia, mientras que Costa Rica, Ecuador, México y Perú, se han presentado iniciativas.
Por lo que se refiere a los estados de la República Mexicana, las leyes para prevenir la violencia contra las mujeres de los estados de Campeche y Jalisco cuentan con una definición de la violencia y política. Por su parte, el estado de Oaxaca, también lo ha tipificado en su código penal.
Ahora bien, en el caso de Quintana Roo, nuestro marco jurídico de protección para las mujeres, carece de un contexto legal que permita prevenir, atender y sancionar la violencia política, por ello es necesaria y pertinente esta propuesta de reforma legal, en el que se establezcan las acciones frente a casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.
Con esta iniciativa se plantea facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como de estricto cumplimiento a la debida diligencia en materia de derechos humanos de las mujeres. Se pretende responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia.
Que el problema de la violencia políticacontra las mujeres pone de manifiesto que el logro de la paridad política en democracia no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, sino que requiere de un abordaje integral que asegure por un lado, el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, y por otro, que asegure que las condiciones en el ejercicio están libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política.
Atender este problema responde a la necesidad de contar con un marco jurídico que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas.
Mediante las reformas legales que se plantean, se busca facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres; evitar posibles daños a las víctimas, sus familias y personas cercanas; generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de prevenir y sancionar casos de violencia política contra las mujeres, y servir de guía, a partir de un enfoque general, para atender la violencia política con elementos de género en todas sus vertientes en todo el territorio de Quintana Roo.
En razón de los motivos antes expuestos, es que se somete a consideración el presente documento legislativo para que, en el caso de ser aprobado, se tenga a bien remitir al Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo para efectos de ser analizada y en su caso aprobada de la manera siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV CORRIÉNDOSE EN SU ORDEN SUBSECUENTE DE MANERA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO; LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y LEY ÓRGANICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

PRIMERO. SE REFORMA LA FRACCIÓN IV CORRIÉNDOSE EN SU ORDEN SUBSECUENTE DE MANERA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 41.-…

I… hasta III…

IV. Ejercer sus derechos político-electorales libres de violenciapor lo que el Estado prevendrá y sancionará de conformidad con las leyes aplicables todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia que, basadas en elementos de género, tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de esos derechos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público; y
V. Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

SEGUNDO. SE REFORMA LA FRACCiÓN VIII CORRIÉNDOSE EN SU ORDEN SUBSECUENTE DE MANERA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 5; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 34; UNA SECCIÓN DECIMO PRIMERADENTRO DEL CAPITULO CUARTO Y EN CONSECUENCIA, EL ARTICULO 48 BIS, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 5.- …

I… hasta VII…

VIII. Violencia Política Contra La Mujer: todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia que basadas en elementos de género, en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

IX. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Artículo 34.- …

I a la IX. …
X. El Instituto Electoral de Quintana Roo.

Sección Decimo Primera
Del Instituto Electoral de Quintana Roo

Artículo 48 Bis. Corresponde al Instituto Electoral de Quintana Roo:
I. Coadyuvar de manera integral, coordinada y directa al cumplimiento de las disposiciones de esta ley;
II. Participar activamente en el diseño de estrategias y programas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las mujeres y promuevan la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres;
III. Fomentar una cultura de respeto a los derechos político-electorales de las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad y evitar conductas de violencia política mediante la formación y capacitación;
IIII. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;
V. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia política contra las mujeres;
VI. Celebrar con los partidos políticos, convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y
VII. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley.

TERCERO. SE ADICIONA UN ARTÍCULO 267-BIS AL TÍTULO DÉCIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 267-Bis.- Quien o quienes realicen por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión por medio de los cuales presione, persiga, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, excluir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad, se impondrá prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de siete mil a quince mil unidades de medida y actualización.
CUARTO. SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 203; UN INCISO J AL ARTÍCULO 294 AMBOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo. 203…
I a IV…
V. Salvaguardar en todo momento que no se ejerza violencia política en contra de las mujeres, para tal efecto, deberán darse las capacitaciones correspondientes.
Artículo 294…
I a IX…

A hasta K…
L. Realizar y/o tolerar actos que impliquen violencia política contra las mujeres.


QUINTO. SE REFORMA LA FRACCIÓN X CORRIENDOSE EN SU ORDEN SUBSECUENTE DE MANERA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 48; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 49; AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 48…
I a IX…
X. Establecer medidas para que en las sesiones de consejos locales y distritales y en el desarrollo de las atribuciones de consejeras y consejeros en general, se eviten actos u omisiones que impliquen violencia política de género; y
XI. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley Electoral, el Consejo General y la Junta General.
Artículo 49…
I. Elaborar y proponer a la Junta General los programas de educacióncívica, capacitación electoral y difusión de la cultura política y democrática, incluido la formación para prevenir y evitar la violencia política contra las mujeres, que desarrollarán los Órganos del Instituto, debiendo someterse a la aprobación del Consejo General, a través del Consejero Presidente…
EN CONTRASTE