El agravio de los diputados

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Contrastes

Por Zuleika Cáceres

El diputado y presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado, el panista Eduardo Martínez Arcila, determinó que lo más viable es abrogar la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Una ley que se trabajó con mucha antelación y cuyo contenido fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a excepción de dos artículos al considerar que las legislaturas locales carecen de facultades para legislar en esa materia.

Dicha normativa establecía que las medidas de protección debían ser destinadas a las personas que se encontrasen en “un alto” riesgo. Las palabras “un alto”, fueron calificadas como inconstitucionales, al trasgredir el contenido del Artículo 1 constitucional y diversos instrumentos internacionales, en cuanto al deber de protección del Estado, razón por la que fueron invalidadas.

Más allá de esos procedimientos, la mal llamada “Ley Borge” cumple con los mecanismos de protección que muy pocos estados tienen. De antemano ya se sabía el destino que el Congreso del Estado daría al documento. Los foros de consulta no fueron otra cosa que un montaje bien establecido por la comisión responsable para simular apertura y hacer creer que las propuestas de un importante número de participantes serían contempladas al momento de reformar dicha iniciativa. Eso sin considerar el gasto ejercido en la realización de tres foros que no sirvieron de nada.

No hay que dejarse engañar por los legisladores, la simulación es algo que se les da muy bien y particularmente a quien hoy preside la Gran Comisión. Eduardo Martínez Arcila ha encontrado en la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos el mejor distractor ante la falta de transparencia que prevalece en el Congreso.

Los cuestionamientos respecto a los recursos que la XV Legislatura ejerce por concepto de “gasto social”, no cesan. El Observatorio Legislativo ha sido muy crítico en torno a la discrecionalidad en el manejo de los dineros que a un año no logra esclarecer. Ayer la asociación civil Somos Tus Ojos, por la Transparencia en Q. Roo, denunció nuevamente la negativa del Congreso para hacer público el gasto.

SOMOS TUS OJOS LLEVA A TRIBUNAL CASO DEL MILLONARIO GASTO DE “AYUDAS SOCIALES” DEL CONGRESO

Lo anterior se ha convertido en un serio problema para la presente legislatura . Con un presupuesto de más de 400 millones de pesos, para los diputados del “cambio” el tema de la transparencia se ha quedado en el discurso, así que Martínez Arcila y compañía están enfocados a distraer a los ciudadanos en otros temas y continuar con una política discrecional que nada abona al gobierno de Carlos Joaquín. El agravio de los diputados es a los periodistas, a los defensores de derechos humanos y a la sociedad.