Contrastes

Por Zuleika Cáceres

“Hoy, ustedes son los protagonistas. Hoy, demostramos que la democracia no sólo es votar en las urnas, sino fomentar la participación de la sociedad en la creación de las leyes que nos rigen a todos”, era el recurrente discurso de la diputada panista Eugenia Solís durante los foros organizados para recabar propuestas que enriquecieran la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, aprobada en 2015.

Junto a su compañero de bancada y presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, idearon todo un escenario que simulaba apertura.
Se trataba de la organización de tres foros en los que se escucharían las voces, los pros y contras sobre la ley en cuestión.

En ese entonces, la legisladora mencionó que atendían la inquietud de actualizar la ley vigente de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, para hacerla más completa a favor de quienes ejercen el invaluable derecho de la libertad de expresión, un tema urgente para estos tiempos. El discurso seguía siendo el mismo.

A este montaje protagonizado por el PAN-PRD, se sumó el legislador Fernando Zelaya, quien se pronunció “porque el resultado estos foros de consulta ciudadana, sean parte de una ley a favor de personas defensoras de derechos humanos y protectora de quienes ejercen el periodismo, no una ley que lleve algún mote o sobrenombre”.

En medio de todo ello, la disputa entre un gremio periodístico ya fracturado, era incontenible.
La defensa de unos se basó en el trabajo de muchos años, con especialistas en el tema, no era una ley improvisada. Nada de eso no fue tomado en cuenta por la XV Legislatura que continuó con el proceso.

Eduardo Martínez Arcila, fiel a su eslogan del “cambio”, argumentaba que los diputados estaban abiertos a escuchar las propuestas. “Podemos conocer, revisar, buscar, encontrar, la fracción, el inciso, el artículo adecuado, correcto”. Y nunca lo encontró.

Tras varios meses y sin novedad sobre el rumbo de tan cacareada ley, llegó diciembre y los diputados nos obsequiaron un regalo. Así, sin mayor ruido, abrogaron la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Q. Roo.

Los beneficios estipulados en el documento se esfumaron. Hoy los periodistas de este estado se basarán en La Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La XV Legislatura demostró estar en contra de una exigencia, de ejercer una ley estatal a favor de un gremio cuyo oficio se ha convertido en el de mayor riesgo en el país.