Pudiéramos pensar que la justicia se aplica sin distingos de colores partidistas y políticos, pero también que esta va de la mano con el disfraz de la ley y la imparcialidad. Cada quien lo descifra como mejor le parezca.
Pero plena en temporada electoral surgen escenarios propicios para pensar que, en la detención de Juan Vergara Fernández, ex secretario de Finanzas y Planeación, hay un trasfondo político que no podemos descartar.
Hace unos días Ricardo Anaya, aspirante a la presidencia de México estuvo de visita en Cancún -y cerca del precandidato a la diputación federal por el distrito 03- donde hizo fuertes señalamientos al gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, ilustró muy bien cada uno de los desaciertos del Jefe del Ejecutivo y enumeró los resultados que han sido catastróficos en los últimos cinco años.
A ello se suma el golpe que el gobierno de Carlos Joaquín asesta al priísmo con la detención de otro ex colaborador de la pasada administración y que horas antes apareció junto al aspirante presidencial del partido oficial, José Antonio Meade durante su gira por Q. Roo. Las imágenes que circularon como pólvora, lejos de ayudar al precandidato priísta le dieron la vuelta a las redes sociales enarbolando la bandera de la corrupción.
La versión de la PGR contra Vergara Fernández tiene que ver con una demanda por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, misma que se ajusta muy bien a los tiempos electorales.
Mientras tanto, para el Gobierno de Quintana Roo es central la presunción de inocencia, pero de probarse los delitos, debe actuarse con energía y apego a ley.