PGR, antecedentes y desaciertos

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Por Zuleika Cáceres

La acción de la justicia en México  acumula una larga lista de desaciertos. Desde testigos protegidos, la creación de expedientes que derivan en ordenes de aprehensión contra personajes incómodos y la exoneración de estos por falta de pruebas.

La PGR se ha caracterizado por entorpecer y poner en entredicho la aplicación de la ley. En el contexto nacional y local han sido varios los casos en los que la institución abona a su falta de credibilidad. Su función, según se percibe, es la de perseguir políticos y atentar contra los derechos humanos hasta evidenciar el fracaso en procesos penales por insuficiencia de pruebas o expedientes mal integrados.

El caso Juan Vergara es uno más que se suma a la lista. El ex titular de la SEFIPLAN fue liberado recientemente al no acreditar la PGR el delito de lavado de dinero. Hay que señalar que, en el caso del adeudo fiscal que enfrenta con el SAT existía un acuerdo, según explica, que no fue respetado y que probará ante la autoridad correspondiente.
Durante la audiencia que se llevó a cabo este lunes, el juez brindó un plazo de seis meses a los fiscales federales para que lleven a cabo su investigación.
Es decir, ante la falta de elementos de la PGR es que se otorga un plazo para sustentar la comisión de un posible delito.

Los antecedentes 

En el país se han dado casos similares y las acusaciones en contra de la institución van más allá de un asunto legal.

En 2016 Cuitláhuac Salinas Martínez, quien fuera titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el sexenio de Felipe Calderón, declaró que al inicio de la actual administración fue objeto de una “persecución política y mediática” por parte de militares que estaban adscritos a la misma área.

Durante una comparecencia ante el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, dentro de la causa penal que se le sigue al presunto narcotraficante Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio,” el exfuncionario dijo que dos testigos colaboradores que estaban bajo custodia del personal militar adscrito a la SEIDO, declararon falsamente en su contra.

Detalló que los testigos protegidos, identificados únicamente por los apelativos “Libre” y “X” lo acusaron ante un Ministerio Público Federal de que el crimen organizado supuestamente le entregó ocho millones de dólares por actuar en favor de diversos colaboradores de Joaquín “El Chapo” Guzmán entre los años 2011 y 2012, durante su gestión como subprocurador. También le atribuyen haber recibido cinco millones de dólares por brindar protección a los hermanos Cabrera Sarabia, considerados como operadores de Guzmán Loera en Chihuahua y Sonora.

Es persecución política en mi contra por miedo a López Obrador

En octubre de 2017 el PT denuncia persecución política: ‘Nos acusan por apoyar a AMLO’
En ese entonces el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya señaló ser víctima de una persecución. Daba cuenta de que los recursos federales que reciben los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), bajo el mando de su esposa se encuentran etiquetados y fiscalizados, por lo que el Partido del Trabajo calificó como “golpeteo político” y una “persecución” la investigación que se le sigue a la directora de estos centros educativos, Guadalupe Rodríguez por haber brindado su apoyo al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
En rueda de prensa, los integrantes de la dirigencia colegiada del PT en Nuevo León, Asael Sepúlveda y Pedro Vázquez, calificaron de una incongruencia la orden de aprehensión girada por la PGR en contra de Rodríguez, por delitos de desvío de recursos y terrorismo.
Vázquez González, explicó que la federación fiscaliza trimestralmente y anualmente los recursos entregados a los Cendis y nunca se han detectado irregularidades como las que ahora argumenta en el uso de cerca de $100 millones de pesos, y para lo que la SEIDO no ha mostrado pruebas.

El Caso Greg

Como ya lo ha señalado el propio Greg Sánchez, en 2011 fue víctima del sistema político que, ilegal e inconstitucionalmente, lo metió preso durante 14 meses y a 30 días de ser el posible gobernador de Quintana Roo.

“Me encarcelan con testigos protegidos, que usaba la PGR para destruir cualquier cosa que se les pusiera al frente de forma ilegal”.
No obstante, Greg Sánchez publicó un libro en el que detalla los pormenores de su encarcelamiento por un asunto político.

Las cajas de seguridad

Cómo olvidar el caso de las cajas de seguridad en Cancún. En 2015, de manera arbitraria y violentando los derechos de miles de usuarios, la SEIDO decomisó mil 500 cajas como parte de una investigación que, en principio, se dijo estaba relacionada con el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
Las versiones de que Peña Nieto habría ordenado a la Marina y a la SEIDO incautar las 1 mil 500 cajas de seguridad de los cancunenses depositadas en la empresa privada First National Security, eran cada vez más persistentes. Después vino la vinculación de “doña Lety” líder de una banda de narcotraficantes en este destino. Tras una serie de acciones legales por parte de los usuarios, la PGR se retira y comienza el regreso de las pertenencias.

Otro fracaso de la SEIDO

En 2011, el Poder Judicial de la Federación puso en evidencia de nueva cuenta a la extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, al absolver al exjefe de la policía municipal de Cancún, Quintana Roo, Francisco Delgado Velasco, El Vikingo, de cualquier responsabilidad en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, ocurrido en febrero de 2009 en este destino turístico.
Marisela Morales era subprocuradora de Investigaciones Especiales contra Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) y consignó al exmando policiaco por supuestamente brindar protección a una célula de Los Zetas al mando de Octavio Almanza Morales, El Gori- 4, a quienes se atribuyó la muerte del militar.
El Vikingo fue exonerado finalmente de los cargos y salió libre luego de permanecer tres años en el penal federal de Tepic, Nayarit

Exigen a PGR se “desista de uso político de la justicia”

En 2016, mediante un desplegado firmado por varias personalidades y organizaciones, llaman al gobierno mexicano a terminar con la “campaña de persecución, descrédito y violencia” que padecen los defensores de derechos humanos, además de que piden a la PGR desistirse del “uso político de la justicia“.
En la publicación preguntan:
“¿Por qué el gobierno federal ha decidido sumarse activamente a la campaña de calumnias y descalificaciones a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Secretario Ejecutivo de la CIDH? ¿La denuncia presentada contra Emilio Álvarez Icaza (secretario de la CIDH) será archivada de forma definitivo o será empleada con un fin político por parte de este gobierno, usando ilegalmente a la PGR como medio de persecución política? ¿Cuáles son las razones por las que este tipo de gobierno ha decidido ocultar la evidente crisis de derechos humanos?”.

La pregunta queda en el aire.

PAN-PRD-MC, un frente que se fortalece

Para sorpresa de muchos que apuestan al regreso del PRI en la capital, la alianza “Por México al Frente” demostró este fin de semana que mantiene su fuerza. Durante el registro de los precandidatos a diputados, alcaldes y senadores, militantes de los tres partidos políticos acompañaron a los aspirantes del PAN, Mayuli Martínez, Fernando Zelaya, Luis Torres y Cristina Torres a cumplir con los procedimientos de su respectivo registro. Los panistas contaron con el respaldo del PRD y Movimiento Ciudadano. El aspirante a la diputación federal por el distrito 01, Miguel Ramón Martín Azueta, también se hizo presente en el evento que, seguramente, dejó a más de dos sorprendidos con las imágenes de una ciudadanía aún molesta con el PRI.