¿Un nuevo paquete de impunidad?

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Contrastes

Por Zuleika Cáceres

Desde la comodidad del Congreso, el panista Eduardo Martínez Arcila es beneficiado con una nueva posición por la vía plurinominal, en esta ocasión a la diputación federal. 

Precisamente así llegó a la Gran Comisión de la XV Legislatura, sin hacer campaña y gozando de un espacio que se adjudicó por sus pistolas. Sus férreos deseos por desaparecer esa figura, al considerarla “obsoleta” que servía a los intereses del PRI, se esfumaron de la noche a la mañana. 

El cargo de presidente de la Gran Comisión no sólo le ha caído muy bien al grado de olvidar su promesa, sino que justifica su permanencia bajo el argumento de que “aunque se elimine, la reforma entraría en vigor hasta la siguiente legislatura. Y así podríamos seguir esperando. 

Pero no es todo, los panistas han demostrado que son igual o peor que el priísmo, al que tanto criticaron su falta de transparencia y legalidad. Los diputados del “cambio” no le hicieron honor al discurso. 

Resulta que el Juez Primero de Distrito en Quintana Roo concedió un amparo a la asociación Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo para que la Unidad de Transparencia del Congreso del estado responda nuevamente a las solicitudes de información presentadas por dicha asociación en las que se le requirió exhibir las facturas y recibos que amparan un gasto de casi cien millones de pesos supuestamente realizado en “ayudas sociales” por este órgano legislativo.

Al Congreso se le solicitó poner a la vista facturas y notas que comprueben el gasto en ayudas sociales del 2016 y el primer semestre del 2017, que suma alrededor de 100 millones de pesos, el titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina Rodríguez, contestó que todas las facturas y notas del 2016 y del primer semestre del 2017 ya se habían entregado a la Auditoría Superior del Estado, por lo que era imposible tener acceso a las mismas.

El Observatorio Legislativo cuestionó, desde que entró en funciones, el alto presupuesto destinado al Congreso del Estado y la discrecionalidad con que ha manejado el recurso por concepto de “ayuda social” cuyo gasto en 2016 ascendió a 55.8 millones de pesos y el del primer semestre del 2017 ya sumaba 46.9 millones de pesos. 

Hace apenas una semanas, once diputados abandonaron su curul para ir en busca de un nuevo cargo de elección. ¿Quiénes representan hoy a los ciudadanos? ¿Quién de los suplentes exigirá transparencia y rendición de cuentas a quien preside la Gran Comisión en el Congreso del Estado, cuya obligación es aclarar el gasto que por 100 millones de pesos fue destinado a una ayuda que nadie conoce.

De no cumplir y hacer valer la ley, los integrantes de la XV Legislatura encabezados por Martínez Arcila, pasarán a la historia como sus antecesores, con tremendo paquete de impunidad a sus espaldas.