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Ciudad de México.- La seguridad pública se ha constituido en el principal problema de México y es la preocupación más grande de nuestra sociedad. Por eso, todas y todos quienes tenemos una responsabilidad pública debemos evitar partidizar y politizar un problema que es de todos, dijo Laura Fernández, alcaldesa de Puerto Morelos, en el marco de las audiencias públicas para la conformación de la Guardia Nacional, en la Cámara de Diputados.

Con motivo de la iniciativa que ha presentado el  Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el esquema de seguridad en el país, y que implica la creación de una Guardia Nacional, la también presidenta de la CONAMM consideró que los gobiernos municipales deben acompañar todas las iniciativas del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y del Congreso nacional, que se orienten a enfrentar con mayor efectividad este grave flagelo que daña la paz y la convivencia a lo largo de todo el territorio nacional.

Desde los municipios se considera que la solución de fondo y permanente de la problemática de inseguridad es compleja y requiere el concurso de todos los poderes, órdenes de gobierno y protagonistas sociales; de acuerdo a su propuesta, la respuesta definitiva deberá  considerar:

– El respeto al modelo constitucional y político que los mexicanos nos hemos dotado a lo largo de nuestro historia institucional moderna;

– La preservación del régimen federalista, en el que conviven tres ámbitos de competencia de los respectivos órdenes de gobierno; y

– La construcción de un consenso sobre las responsabilidades, reparto de recursos y visión integral del fenómeno.

Precisó que hace unos días en Puerto Morelos, la Policía Militar detuvo a unos delincuentes, pero ante la imposibilidad legal de consignarlos de manera directa solicitó el apoyo de la Policía Municipal para ayudarles en ese trámite.

Esa limitante tiene que ser eliminada para el buen funcionamiento de la Guardia Nacional que, como lo son actualmente las corporaciones estatales y municipales, debe ser habilitada como primer respondiente con el fin de que pueda hacer consignaciones de manera directa.

Asimismo, es incongruente que las policías municipales y estatales tengan facultades para detener y consignar a quien lleve un arma para uso exclusivo del ejército y una fuerza federal esté impedida de aprehender a quien delinque a unos cuantos metros de una carretera federal que atraviesa cualquiera de nuestras poblaciones.

Todas las corporaciones de seguridad, sin importar a qué orden de gobierno pertenezcan, deben y tienen que contar con las mismas facultades dentro del marco constitucional y con pleno respeto al federalismo. De otra manera se da pie a la inacción y a la decidía.

Se debe respetar la arquitectura constitucional y legal que actualmente orienta las competencias en materia de seguridad; en ellas la Federación tiene la obligación de atender los fenómenos de delincuencia organizada y combate al narcotráfico (y para ello cuenta con los instrumentos y recursos respectivos), y los municipios tienen la responsabilidad de la seguridad preventiva (y de ella derivan las competencias y los limitadísimos recursos de que disponemos en la materia).

Los municipios, dijo, elevamos la voz para convocar a no militarizar la seguridad pública nacional, sino a propiciar el apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad como una etapa y en un entorno perfectamente acotado; deben ser las policías federal, estatal y municipal las que profundicen la profesionalización. Por tanto, si la profesionalización de los cuerpos policiacos ha sido claramente deficiente, no se puede abandonar esa tarea en aras de una emergencia coyuntural.

A nivel local y municipal debe claramente alentarse un modelo de seguridad ciudadana que anteponga el fortalecimiento de las estrategias sociales, de las policías comunitarias y del fortalecimiento de los cuerpos municipales, a través del establecimiento de estrategias y programas que prioricen la calidad de vida en las localidades.

Desde la perspectiva municipal, está claro que no se puede comulgar con una estrategia centralizadora que otorgue todas las competencias, todos los recursos y todos los instrumentos de seguridad a un cuerpo militarizado, que claramente representa un riesgo para los derechos ciudadanos, para desviar la vocación de las fuerzas armadas y para establecer al ejército en las calles de nuestras ciudades en forma permanente.

No retrocedamos en el largo y complejo proceso de los últimos 20 años para fortalecer la vida institucional de las policías municipales, para dotarlas de fondos mínimos y para detonar su profesionalización.

Especialmente se denuncia la reducción de los fondos para seguridad pública a municipios que han sido establecidos en los últimos lustros en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que justamente es una iniciativa municipalista y a partir del que fue el emblemático SUBSEMUN y actualmente FORTASEG.

No es cuestión menor el modelo que elija México para su Guardia Nacional. Los legisladores que aprueben los cambios constitucionales tendrán en sus manos el diseño de una cuarta institución con capacidad para el uso de la fuerza. Las autoridades municipales deben ser protagonistas de una política nacional de seguridad pública que combata en definitiva la violencia y resuelva la propagación de la delincuencia en nuestro país, pero que sea perdurable y en la cual los 2,462 municipios tengan una responsabilidad, un compromiso y una función central, sin exclusiones ni visiones centralistas que en la historia de nuestro país ya han sido superadas. (EnContraste)