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De acuerdo a Reforma, la Fiscalía General de la República, investiga un contrato de 77.8 millones de pesos para aplicar 6 millones 700 mil a encuestas de evaluación a los programas de Sedesol, de las cuales hay evidencia que sólo se aplicaron 15 por ciento del total.

Añaden que en esta indagatoria también son investigados el ex Oficial Mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa y el ex director general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, por la autorización del pago.

De igual forma Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones, quien era el encargado de darle seguimiento a los trabajos, y José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, quien proporcionó las bases de datos.

Este caso es distinto al que derivó en el citatorio girado a Robles para que comparezca el 8 de agosto a una audiencia donde será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El esquema presuntamente ilegal es muy similar a los otros casos ya judicializados en la llamada Estafa Maestra. Este caso deriva del convenio de coordinación suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por 77 millones 847 mil pesos para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.

Comprendía también la verificación de la información y datos personales de los beneficiarios en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Edomex y Veracruz. El 8 de diciembre del mismo año la Sedesol hizo el pago a la UAEM por la suma acordada.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó este convenio, encontró que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, es decir, el 15.6 por ciento del total.

La mayor parte del universo de esta encuesta, 2 millones 542 mil 135, eran beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario; 1 millón 491 mil 194 del Programa de Pensión para Adultos Mayores y 2 millones 915 mil 633 del Programa de Abasto Social de Leche.

Tan sólo de estos tres programas son 6 millones 948 mil 962 registros, sin embargo, la ASF detectó que un millón 330 mil 352 registros estaban repetidos de 2 a 408 veces cada uno, lo que hizo sospechar que los entregables de este contrato eran fraudulentos.

Otra irregularidad anotada por la ASF es que el 28 de noviembre de 2014 la Universidad subcontrató estos servicios con la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed por 73 millones 160 mil pesos, un monto muy superior de lo que la ley permite subcontratar.

Con información de Reforma